En entrevista con la radio 780 AM, el ministro Alberto Martínez Simón dijo que está siguiendo el desarrollo procesal como mero espectador de la causa que investiga la quema de Colorado Róga, cuyos sospechosos fueron enviados a prisión de manera preventiva por decisión de la jueza penal de Garantías Hilda Benítez.

Haciendo la aclaración que no se inmiscuye en las causas de los jueces y desconoce los detalles de esta en particular, recordó que de forma general la Corte Suprema de Justicia sacó una serie de recomendaciones y acordadas para la aplicación de las leyes procesales. “Aprovechando el momento de pandemia recordamos a los jueces que la prisión preventiva era la última alternativa que debería tenerse para casos puntuales. Siempre hubo ese criterio de que el sospechoso vaya a la cárcel, estábamos acostumbrados antes a eso”, agregó.

Martínez Simón aclaró que la jueza del caso habría tenido sus razones para no seguir esa recomendación, y podría ser por peligro de fuga u obstrucción de investigación de parte de los procesados, caso contrario, seguramente el Tribunal de Apelación revocará su resolución, según argumentó.

“Hablando de manera general, sin entrar a ningún caso en particular, enviar a una persona a la cárcel por un delito que pueda litigar en libertad, es ponerle a ella y a los demás internos al contagio. El hacinamiento es caldo de cultivo para esto en esta pandemia”, dijo por último la autoridad de la Corte.

La jueza penal de Garantías Hilda Benítez decretó ayer la prisión preventiva de Vivían Genes, Luis Trinidad y Pedro Areco, imputados por la quema de Colorado Róga y también dispuso la rebeldía de Arnaldo Martínez y Enrique Agüero.

Las cinco personas fueron imputadas por perturbación de la paz pública, producción de riesgos comunes, daño a cosas de interés común y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo y fueron citados para hoy a la audiencia de imposición de medidas alternativas a la prisión.

Sin embargo solo tres se presentaron, los otros dos están en rebeldía y deben ser detenidos por la Policía si son sorprendidos en la vía pública.

El hecho ocurrió en la noche del pasado 17 de marzo cuando manifestantes que estaban pidiendo el juicio político del presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente Hugo Velázquez, fueron hasta la sede la ANR y atacaron lo que se conoce como Colorado Róga, una lugar donde están personas que provienen del interior y de no ser por agentes policiales varias de ellas iban a morir quemadas.

Agentes del Grupo Lince tomaron intervención en un hecho de agresión ocurrido en la noche del sábado sobre la avenida Humaitá casi Lomas Velentinas del barrio Chaco’i de Ypané.

La persona involucrada en este episodio fue identificada como Jorge Daniel Cañiza, de 18 años, quien fue acusado de herir con un objeto contundente a Domingo Javier Ojeda Aquino, de 39 años.

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Según menciona el portal Sucesos Paraguay, el joven acabó atacando a Ojeda -quien posee antecedentes por hurto agravado- con una tijera, provocándole algunos cortes en el cuerpo.

Tras el incidente, la víctima fue auxiliada y trasladada hasta el Centro de Salud local, mientras que Jorge Cañiza resultó detenido.

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Se presume que el ataque ocurrió luego de una discusión entre ambos protagonistas, aunque aún se desconoce el contexto completo de la situación.

El fiscal Pedro Clever fue asignado para impulsar la investigación sobre este hecho en representación del Ministerio Público.

En los primeros cuatro meses del año, se registraron 6.266 casos de niños y adolescentes que sufrieron violencia: abusos, golpizas ‘correctivas’ en el hogar, trata, explotación, etc. Contrastada la cifra con el año anterior, en el que, el total llegó a 8.000 casos, el crecimiento es exponencial.

“Hasta hace poco se abordaba este problema desde la perspectiva de sanción, pero ahora eso cambió, se extendió al factor preventivo, lo cual implica educación”, señaló Favole en entrevista en Fuego Cruzado, emitido por GEN.

Apuntó que, los abusos en niños y adolescentes, aún son tema tabú en la sociedad, cuando lo ideal es abordar el drama, hablar y plantear soluciones.

“Los números son preocupantes, como sociedad no queremos abordar porque es un tabú, persiste la verguenza y no nos preparamos para hablar de este tema. Es necesario ir abordando, porque va en escalada. Son casi 52 casos por día las víctimas de algún hecho punible”, añadió.

“El comparativo del año 2023 (8.000 y pico) y ahora en el primer cuatrimentre (6.266), de seguir la tendencia, alcanzará 24.000 en el año, de ahí temenos que partir. En ese periodo en el primer cuatrimestre dimos un salto exponencial”, significó.

Sobre las causas que llevan al incremento de episodios de violencia en la sociedad, la funcionaria significó que hay varias, que deben ser asumidas.

“Hay un contexto multifactorial de la violencia, que es cultural y sociológica y tiene que ver con la educación, y esta va escalando y hace aguas en todos los ámbitos, que no solo se da en la niñez, también está la violencia juvenil y familiar, el fenómeno de la violencia es la mirada a responder”, acotó.

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“Hay mecanismos que facilitan la denuncia, que antes quedaba entre cuatro paredes, y también es importante involucrar a la sociedad”, dijo.

Favole sostuvo que la cuestión preventiva es fundamental, pero para ello debe concienciarse que ello depende en gran parte de la educación que se da a los niños, desde prácticamente su nacimiento.

“Cuando el niño es maltratado por los padres tienden a replicar el modelo. La educación de cero a cinco años, en la primera infancia, el adulto debe trabajar esos aspectos con los niños. Los padres estamos más preocupados en nuestros problemas, en nuestras deudas, y cuando el niño tiene siete años, le inculcamos valores, pero ahí ya es tarde, porque debe ser de cero a cinco años en lo que tenenos que trabajar con ellos. Pero los padres no tienen esa educación, necesitamos una escuela de padres”, significó.

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El personal del Departamento Regional N° 4 asentado en Salto del Guairá, con apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta y la Fuerza Aérea Paraguaya, culminó una acción operativa coordinada denominada REGRESIÓN I, con el objetivo anular la mayor cantidad posible de centros de producción y cultivos de marihuana asentados en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Departamento de Canindeyú.

Tras cuatro días de incursiones aéreas y terrestres en zonas como Aguarañu y Mojón Diez, fueron localizados y destruidos 20 campamentos narcos utilizados como base de operaciones para la producción y el acopio de cannabis.

A su vez, se procedió a la erradicación de 62 hectáreas de plantaciones de marihuana, 3.600 kilos de droga picada y 390 kilos de semillas. La superficie de plantíos erradicada equivale a dejar fuera de circulación al menos 189.000 kilos de marihuana lista, valuados en unos 5,6 millones de dólares americanos.

El operativo se desarrolló con el fin de desalentar el ingreso de estructuras criminales a la reserva natural, que trae consigo además una problemática de deforestación constante.